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La propiedad agraria en Cuba
Cuba necesita otra reforma agraria, plantea el autor de este artículo
Waldo Acebo Meireles, Miami | 09/02/2017 11:32 am

“In most developing countries, land is the most important
asset, and is key to economic and thus political power…
The solution is land reform, an orderly redistribution of assets”
Fared Zakaria[1]

En ocasiones olvidamos que Cuba es un país agrario, que la principal
fuente de riquezas es la agricultura, tal vez ello este motivado por el
fenómeno, de signo contrario, de que Cuba es un país con una mayoría de
la población viviendo en áreas urbanas. El problema agrario es un tema
central en cualquier discusión o análisis acerca del futuro de nuestro
país. Es más, casi me siento tentado a decir que el problema agrario
siempre ha sido un problema central en Cuba, y que las formas en que
este asunto se ha resuelto, o no, a lo largo de la historia, han
influido en los demás procesos económicos, sociales y políticos.
Sin embargo, cuando leemos, o escuchamos los proyectos que, en
ocasiones, por cierto, que no muchas, se han elaborado para la
reconstrucción del país, este primordial tema ni se menciona. Tomemos un
ejemplo reciente que con el título de “Para propiciar el día después”[2]
realiza una serie de proposiciones de que hacer para ese esperado día, y
después. Podemos estar o no de acuerdo con lo que propone, pero lo que
sí consideramos un serio error es el pasar por alto qué medidas se
tomaran con la propiedad agraria, qué se hará con los grandes
latifundios estatales, cómo se va a lograr reconstruir la clase
campesina virtualmente desaparecida, cómo se va a lograr elevar la
producción alimentaria.[3] Quién y cómo va a facilitar los recursos
económicos, imprescindibles en la actualidad, para llevar la agricultura
a los niveles de producción necesarios para el abastecimiento del país.[4]
El análisis de esta problemática es medular y añadiría que impostergable
y en ninguna forma debe ser considerado como un aspecto coyuntural, en
Cuba hay que poner de cabeza las formas de explotación de la tierra, es
necesaria una reforma agraria.
Reforma agraria hemos padecido de varias, y no me refiero solo a las de
1959 y 1963, aunque esas fueron las únicas que jurídicamente se
presentaron como tales. A la llegada del conquistador y procederse a los
repartos de tierras, y de paso de los indios encomendados, se produjo lo
que podemos llamar nuestra primera reforma agraria. De una posesión
natural de la tierra, más que posesión un uso, en la cual el aborigen se
asentaba y utilizaba el medio como base de su sustento de manera natural
sin otro ánimo que ese, de ese estado primigenio, cuasi edénico, pasamos
a una posesión refrendada por la fuerza y la aplicación más o menos
consecuente de las “Leyes de Indias”.
La entrega en 1536 por el cabildo de Sancti Spíritus de un área de tres
leguas de radio a Fernando Gómez, vecino de Manicaragua, comenzó la
formación de los latifundios ganaderos; el cabildo de La Habana siguió
ese ejemplo con alegría y entusiasmo repartiendo corrales, hatos y
estancias al “buen tun tun”, generando tal desastre que tomó varias
décadas el solucionar el enredo que crearon. Eran aquellos inefables
tiempos en que, al recibir una real orden, que generalmente llegaba con
casi un año de retraso firmada por la augusta persona, ni resolvía la
situación que había demandado el interés del Rey, ni se ajustaba a los
deseos de la poderosa, relativamente, oligarquía habanera. De ahí la
deliciosa actuación de los regidores que tendría gran trascendencia en
la sociología del cubano de los siglos posteriores, y que consistía en
poner sobre su cabeza la orden real y proclamar con voz profunda y bien
articulada: “Se acata… pero no se cumple”. Los latifundios ganaderos
fueron legalizados en 1574 por las Ordenanzas de Cáceres.
Pero llegó el siglo XVIII y el desarrollo de la industria azucarera se
encontró, entre otros variados problemas, el del asunto de la posesión,
que no era propiedad, de la tierra. Cómo iniciar una industria que
requería, aún en aquellos primeros tiempos, de una inversión de capital
que se tendría que realizar sobre la base de una “no propiedad” del
principal activo: la tierra.
No, a nadie se le ocurriría emplear su capital en y sobre algo de lo
cual sólo tenía en el mejor de los casos un simple registro en las actas
del Cabildo y que podía en cualquier momento ser retomado por su
verdadero, por la gracia de Dios, propietario: el Rey.
La Real Cédula emitida en 1819 para definir los propietarios legítimos,
no reconoció a los campesinos que trabajaban las tierras realengas. Por
esa razón más de 10 mil familias fueron despojadas de la tierra. El
proceso de transformación de los corrales y hatos en pequeñas, medianas
y grandes haciendas llevó años, miles de miles de legajos en el Archivo
Nacional de Cuba recogen las batallas legales que se originaron en el
proceso que conocemos como demolición de las haciendas comunales. Ese
proceso, que para ser completado requirió la sabiduría, habilidad y el
ingenio de varios funcionarios y decenas de miembros de la naciente
burguesía; marcó las bases para que la tierra, el principal activo, no
solo dejara de ser una posesión sino propiedad con todas las
prerrogativas que de tal estatus se derivan, lo cual incluye su
enajenación en un acto de compra y venta, dentro de los cánones del
mercado capitalista.
Con el surgimiento del mercado de tierra se abrió una nueva etapa en esa
reforma agraria y con ella la acumulación de tierras en pocas manos,
pero ya no como una posesión, sino como una propiedad, se desarrollaron
las formas de explotación de la mano de obra que correspondía a esa
nueva estructura con el aparcero, el arrendatario, el precarista, todas
ellas formas no feudales, como gustan de señalar ciertos historiadores,
sino como formas de explotación vinculadas a la economía mercantil. La
tierra misma era una mercancía.[5]
Sobre la explotación del esclavo y paralelamente a esa estructura no
clásica de esclavitud se desarrolló esas otras formas de apropiación del
trabajo ajeno. Cultivos como el del tabaco generaron una incipiente
pequeña burguesía agraria y el desarrollo de la industria azucarera con
la entrada de los adelantos técnicos en el siglo XIX fue preparando las
bases del colonato, que nada tiene que ver con la forma de explotación
del mismo nombre en los años finales de Roma, y que fuese precursora de
las estructuras feudales.
El colonato en Cuba es la peculiar manera en que la separación de la
industria de la agricultura se desarrolló, el mismo se aceleró con las
guerras independentistas ampliando las bases de una burguesía agraria
que tendría en la república un importante papel en los campos cubanos.
Otros no menos importantes procesos de transformación agraria se
produjeron en el siglo XIX como la desaparición de los llamados “bienes
de mano muertas” que estaban en poder de la Iglesia y que resultaban en
grandes posesiones generalmente improductivas, o puesta a censo.
Al finalizar la guerra de independencia en 1898, prácticamente la
estructura agraria de Cuba estaba establecida y refrendada
jurídicamente. Tres interesantes procesos se destacan a partir de ese
momento:
Uno la penetración del capital norteamericano propiciado por las órdenes
34 y 62, dictadas en 1902 por el gobierno interventor, para que las
compañías ferrocarrileras y los inversionistas norteamericanos pudieran
adquirir tierras. De ese proceso emergió el moderno latifundio, que
concentró más de la mitad de la tierra del país en manos de empresas
nacionales y extranjeras.
Dos, el movimiento político nacionalista iniciado, entre otros, por
Sanguily y Juan Gualberto Gómez que trató de frenar ese proceso, lo cual
visto desde la actual perspectiva era una tarea imposible, ya que se
enfrentaban a las fuerzas del mercado capitalista, a sus avatares, a sus
altas y bajas.
Y el tercero, que, también queremos analizar desde la perspectiva
actual, fue el proceso de reconstrucción de la agricultura después de
los terribles destrozos ocasionados por la guerra, en particular en las
provincias occidentales.
La tea, y más que la tea la “reconcentración” de Weyler dejaron nuestros
campos desiertos, pocas cabezas de ganado en el occidente se salvaron
del bandolerismo, las necesidades de las tropas españolas y mambisas, y
de la hambruna generalizada. Los cultivos eran prácticamente
inexistentes y solo se fomentaban unas pocas labranzas de subsistencia
en pequeños conucos en los alrededores de las zonas fortificadas que
defendían los poblados rurales. El censo de 1899 deja claro los estragos
sufridos por la guerra, el del 1907 nos deja entrever que esos estragos
fueron superados en menos de los ocho años transcurridos de un censo al
otro.
¿Cómo se produjo eso que podemos llamar milagro económico? Tomemos en
cuenta que ese proceso en nada dependió de inversiones extranjeras, sólo
las pequeñas aportaciones de capital comercial en forma de “refacción”,
de larga tradición en nuestros campos, y que generalmente era
suministrada o por pequeños comerciantes de la zona o por otro
campesino, aunque esto último no fue lo más común.
Sin bueyes, con la tierra yerma y necesitada de una profunda
preparación, casi sin aperos, el campesino se aprestó, en primer
término, a alimentar a su familia y después a producir para el mercado.
El campo rindió frutos y las hambrunas desaparecieron, y ninguna ayuda
se recibió para aliviarla, fue el trabajo el que dio la solución. Para
1907 la población en la mayor parte de los pueblos y ciudades afectadas
por la guerra se había recuperado y en muchos de ellos se incrementó con
relación a 1895.
Sin empréstitos, ayuda o inversiones extranjeras, sin bancos que
financiara la recuperación económica se logró la misma.
El siglo XX profundizó y expandió las formas capitalistas de explotación
agraria sin con ello admitir que esto generó en todos los planos las más
adecuadas formas de distribución y explotación de la tierra. El
latifundio improductivo fue un mal de la república que intentó
tibiamente eliminar en la Constitución del 40, ello justificó la reforma
agraria de 1959 que tenía un fuerte fundamento económico y social, aun
cuando el postulado “la tierra para quien la trabaja” quedara
prácticamente incumplido con la constitución de las “granjas del pueblo”
y las demás invenciones nominales que no fueron más que formas mal
aplicadas de capitalismo de Estado. El proceso refrendado por la llamada
Segunda Reforma Agraria en 1963 ya carecía de un fundamento económico,
su justificación era ideológica y su resultado fue la expropiación del
campesino medio.
El desastre generado se hace evidente cuando tomamos la propia Habana
que antes de 1959 prácticamente se auto abastecía, alrededor de la
ciudad existía un cinturón de pequeñas propiedades que suministraban la
leche, junto a modernas plantas para procesarla, además las legumbres y
otros alimentos eran producidos a menos de 15 kilómetros del Capitolio,
las lechugas y otras actuales rarezas eran sembradas por chinos y
cubanos en pequeñísimas parcelas bien regadas por los pequeños arroyos
tributarios del Almendares. La genial invención del Cordón de la Habana
solo trató de reproducir algo que había existido y funcionado sin
dificultades, dentro de la estructura de la agricultura mercantil, su
resultado: ni café suficiente para una taza, arrasaron con los frutales,
mangos, mameyes, guayabas, etc., y afectaron lo que quedaba de la
producción de vegetales y flores en esa área. Y además la conversión en
rentistas de la tierra a los pocos campesinos que quedaban en la zona.
Qué esperar ahora de las tibias medidas tomada en el sector agrario a
partir de la aplicación del Decreto-Ley 259 [10 de julio de 2008] cuyo
reglamento se estableció por el Decreto No. 282 [29 de agosto de 2008] y
ambos fueron modificados por el Decreto-Ley 300 [20 de setiembre de
2012]; muy poco se puede esperar ya que el problema de la propiedad de
la tierra, en ese decreto no se soluciona, sino que se reafirma la
voluntad gubernamental de monopolizar la tierra.
Un breve análisis de ese Decreto-Ley 259 nos dará la razón. Veamos:
Ya en su primer artículo, por no señalar desde el título del decreto, se
presenta el primer problema: ARTÍCULO 1.- Se autoriza la entrega de
tierras estatales ociosas en concepto de usufructo a personas naturales
o jurídicas, las que serán utilizadas en forma racional y sostenible de
conformidad con la aptitud de uso del suelo para la producción
agropecuaria. Es decir que la tierra será entregada en usufructo y no en
propiedad, con lo cual de hecho limita la utilización productiva y
económica de la tierra. Quién va a invertir capitales en una tierra que
no es de su propiedad y sólo la posee en usufructo.
En el segundo artículo se define el alcance temporal del usufructo
cuando se señala: El usufructo concedido es por un término de hasta diez
(10) años y podrá ser prorrogado sucesivamente por términos de hasta
diez (10) años para las personas naturales… Cualquiera que tenga una
mínima idea del tiempo necesario para que una inversión capital en la
agricultura, por ejemplo la creación de acequia, se recupere no es de
menos de de 2-3 años, comprenderá que el término de 10 años, aunque
prorrogables, es una limitación en el orden económico y por ende
tecnológico.
El decreto establece otras limitaciones como es la del máximo de tierra
que se le puede entregar a una persona natural: 13,42 hectáreas, es
decir una caballería, que pueden ser, en casos que el decreto no deja
aclarado, elevada hasta 40,26 ha. [3 caballerías]. Determinadas
producciones no son rentables, ni incluso factibles, con esas
limitaciones, por ejemplo, la producción sostenible y comercial de leche.
Por último pero no finalmente, en sus “Disposiciones Finales”, deja un
aspecto básico a definir en 30 días, lo cual le tomó un poco más y es el
Reglamento para la aplicación de ese Decreto, ese Reglamento [Decreto
282] en ese reglamento se señala en su Capítulo IV inciso c) que los
usufructuarios deben entregar una relación y descripción de equipos
agrícolas, de riego, implementos, útiles, aperos de labranza, pie de
crías y animales, propiedad del usufructuario, que se incorporan a la
actividad productiva; esos medios necesario para poner a producir la
tierra, en su mayor parte, sólo pueden ser adquiridos en pesos
convertibles [CUC].
Quedó también pendiente el impuesto que gravará esa posesión, y el
volumen del mismo puede hacer irrentable ese usufructo, sin considerar
el precio inflado de los insumos y los deprimidos precios que
históricamente ha tenido la producción obtenida.
Este Decreto 259 no es ni por asomo lo que se necesita y esperar algo
positivo del mismo es una ilusión que se convertirá en desengaños, una
vez más. La situación agraria de Cuba es reversible y lo podría ser a
corto plazo, para ello es necesario romper con los esquemas ideológicos
de un socialismo inoperante, pero esa no es una tarea que, al parecer,
quieran emprender los actuales gobernantes.
Los campesinos, o aspirantes a tales, como ya mencionamos, solo reciben
la tierra en posesión, y limitada a diez años, sin contar que las
causales para perder el usufructo son múltiples y variadas. Con
franqueza me resulta difícil de imaginar a alguien dispuesto a gastar
capital, y a dedicar sus energías físicas a condicionar una tierra que
le puede ser arrebatada en cualquier momento. Sin embargo, al parecer se
cuentan ya por miles los que tienen esa disposición, aunque aún muchos
de ellos siguen esperando que la tramitación burocrática culmine y
puedan ponerse a trabajar.
Pero el problema va más allá para tocar fondo. Veamos, si partimos de
las cifras oficiales, veremos que se está entregando la tierra a un
promedio de 10 ha. por solicitante, es decir menos que lo establecido
por el decreto, que es 13,42 ha., esto puede ser perfectamente lógico ya
que es posible que muchos solicitantes no lleguen a solicitar el máximo
establecido en el decreto. El problema es otro si aceptamos que las
cifras más serias establecen que el 65 % de las tierras de cultivo están
ociosas o como yo prefiero definirlas: abandonadas que no es igual.
Entonces 4,4 millones de ha. están abandonadas por lo tanto será
necesario entregarle tierras a 440 mil campesinos o aspirante, lo cual
me parece bastante difícil de lograr en un país que aniquiló su clase
campesina.
Las mismas cifras que se brindan oficialmente lo dejan bien claro el 80%
de las solicitudes provienen de personas que no tienen tierra alguna, o
sea son aspirantes a campesinos, más bien aspirante a “precaristas” que
es como se le conocía en Cuba a aquellos que ponían en cultivo una
parcela sin la seguridad de que el dueño no se la arrebatase en
cualquier momento. Siendo todo esto así hace falta unos 300 mil
aspirantes para supuestamente poner las tierras ociosas a producir.
Sin embargo, el Decreto-Ley 259 ya de por sí bastante tibio se ha ido
aplicando con aún mayor apatía y lentitud en la base, que es donde se
produce el proceso real de redistribución de las tierras. En la práctica
criterios ideológicos, y no económicos ni en el mejor de los casos
técnicos, han estado influenciando en la parsimonia en el otorgamiento
de las tierras. En los municipios, arrogantes burócratas del partido, el
poder popular o el ANAP, deciden de acuerdo a sus criterios quien tiene
o no el suficiente aval político, o por lo menos no es un abierto
contrarrevolucionario, que merezca recibir la posesión de la tierra.
Pierden de vista que esos no muy confiables campesinos actualmente, con
todas las limitaciones que tienen para la adquisición de los insumos
necesarios, con precios a sus producciones desestimulantes, producen más
del 65 % de la producción agropecuaria nacional, de ellos el 95 % del
tabaco; el 71 % de la carne porcina; el 60 % de las viandas y
tubérculos; el 62 % de las hortalizas; el 88 % de los granos y el 60 %
de las frutas, y esta información es la ofrecida oficialmente y ya
sabemos de qué pata cojean las estadísticas cubanas.
Todos estos cometidos son impostergables para la recuperación económica
del país y en particular para sentar las bases, por lo menos las bases,
de una sociedad democrática, qué con ello no bastará, claro que no, pero
sin ello será imposible.

Necesitaremos otra reforma agraria.[6]
[1] “En la mayoría de los países en desarrollo, la tierra es el activo
más importante, y es clave para el poder económico y, por tanto, para el
poder político… La solución es la reforma agraria, una redistribución
ordenada de los activos”.
[2] Este trabajo publicado en el web site de la Asamblea de la Sociedad
Civil ya no aparece en la Internet.
[3] Por ejemplo, lo único que señala al respecto es “La necesidad de
llevar a cabo de forma inmediata reformas macroeconómicas con el fin de
incrementar la producción de alimentos, buscar empleos, reducir los
tremendos niveles de pobreza que deja la dictadura, entre otros
aspectos. Son necesarios cambios en las relaciones de propiedad y de
mercados. Hay que proceder de inmediato a la privatización selectiva de
algunas empresas estatales y dejar que rijan la oferta y la demanda.”
[4] Otro ejemplo de un proyecto en que el tema agrario no se aborda, e
incluso se toca muy de pasada el tema económico es la llamada “Carta del
Nuevo País” [este trabajo publicado originalmente en el site Penúltimos
Días ya no aparece en la web]. Sobre la economía la única referencia es:
“son únicamente válidos y legítimos aquellos principios de organización
social, económica y política que puedan ser racionalmente definidos y
aceptados, sin coerción, por todos los ciudadanos”
[5] En mi criterio, sobre la base de mis investigaciones históricas en
la fenecida provincia de La Habana, es la apertura del mercado libre de
la tierra, la posibilidad de vender y comprar la tierra como un activo
básico como un elemento fundamental del capital lo que determina el
desarrollo y el auge económico del siglo XIX, y el surgimiento de una
burguesía en Cuba, con independencia de que la mano de obra principal
sea esclava.
[6] Y una revolución moral ya que lo que llamamos el milagro económico,
después de la Guerra de Independencia, fue realizado por campesinos con
una recia moral de trabajo, con un deseo irreprimible de poner a
producir la tierra y alimentar a su familia, esa moral de trabajo se ha
perdido en gran medida en nuestro país.

Source: La propiedad agraria en Cuba – Artículos – Opinión – Cuba
Encuentro –
www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/la-propiedad-agraria-en-cuba-328595

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