Internet en Cuba

Inmobiliarias: entre cierres y restricciones
WALDO FERNÁNDEZ CUENCA | La Habana | 27 de Enero de 2017 – 07:52 CET.

Fue a mediados del pasado año que la actividad —en pleno auge— empezó a
ser escrutada y fiscalizada por las autoridades. En ese momento, varios
de los organismos estatales encargados de controlar el llamado
“cuentapropismo” se ensañaron con los gestores de compraventa de
viviendas, una actividad que, a pesar de las limitaciones, iba camino de
consolidarse.

Estos emprendedores comenzaban a desperezar el mercado inmobiliario en
Cuba, pues solamente en la capital existían —antes de la intervención
gubernamental— más de diez oficinas de gestores. En la actualidad solo
operan alrededor de cinco.

El negocio de bienes raíces es uno de los más lucrativos a nivel
mundial, de ahí la importancia que para el Gobierno tiene poder conocer
y controlar el desenvolvimiento de ese mercado, que ya mueve decenas de
miles de dólares en la Isla.

Los gestores inmobiliarios y sus empleados fueron sometidos a una
exhaustiva auditoría en la que participaron desde la Fiscalía General
hasta el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del Ministerio
del Interior. El resultado fue el cierre de varias inmobiliarias, como
Espacio Cuba, Planeta Cuba y Adisa, por supuestas “irregularidades en su
funcionamiento”.

En la actualidad la entrega de licencias de gestor de compraventa de
casas se encuentra “suspendida” y algunas de las oficinas que quedan en
pie, como Casas Cubanas, están —según una fuente cercana a esa
inmobiliaria— “bajo investigación” y sus computadoras en manos de las
autoridades.

¿Qué alegaron las autoridades para el cierre de oficinas inmobiliarias?

Hace solo tres meses, la Dirección Provincial de Trabajo de la capital
convocó una reunión donde se dieron a conocer las “violaciones”
cometidas por los cuentapropistas y funcionarios advirtieron que no se
permitirían esas infracciones.

Según un participante en esa reunión, quien pidió el anonimato, los
funcionarios mencionaron “irregularidades” como las siguientes:

—Inversión de capital de “dudoso proceder” (la inmensa mayoría, como es
obvio, procedente del exterior)

—Asociación ilegal: Varias de las casas gestoras contrataban
arquitectos, abogados, diseñadores, entre otros profesionales, para
ofrecer un servicio lo más completo posible, algo no permitido dentro de
la licencia.

—Distorsión del alcance de la actividad: Según la fuente, los gestores
no pueden ofrecer servicios que gestionan inmobiliarias en otros países,
como consultoría jurídica, tasaciones de la vivienda, reparaciones del
inmueble y transportación de los clientes. Estas actividades se
consideran “violaciones”.

—Evasión fiscal: Algunas inmobiliarias aconsejaban a sus clientes
reflejar en los papeles un precio por debajo de aquel al cual realmente
se vendía el inmueble, para así evitar tener que pagar impuestos más altos.

—Violaciones urbanísticas: En este punto las autoridades mencionaron que
en los carteles colocados en la calle estos emprendedores se anuncian
con un nombre que no corresponde a la actividad, al utilizar el término
de “inmobiliario” y no el de “gestor de compraventa de casas”.

—Los gestores o sus empleados no pueden realizar contratos con el
cliente donde se refleje el nombre comercial de la oficina inmobiliaria,
pues eso solo es posible para aquellas entidades con personalidad jurídica.

—Los gestores no pueden tener varias oficinas o sucursales en la ciudad,
ni oficinas en el exterior.

—Tampoco es posible que los gestores acudan a las notarías para agilizar
los trámites de compraventa de un inmueble.

En las auditorias y fiscalizaciones las autoridades investigaron también
el uso de internet, en especial de antenas WiFi, y las páginas web de
las casas inmobiliarias, las cuales en su mayoría utilizan un servidor
en el exterior. Además, encontraron que muchos empleados ejercían sin
licencia de cuentapropista y habrían detectado también falsificación de
documentos.

El escrutinio no habría afectado a todos por igual. Si bien varias
oficinas inmobiliarias cerraron por “violar lo establecido” o funcionan
hoy con un perfil muy bajo debido a la coacción gubernamental, otras no
han sufrido inspección alguna a pesar de que incumplen muchas de las
restricciones que imponen las autoridades, como prestar asesoría
jurídica, poseer sucursales o colocar carteles donde se dice claramente
que realizan una “gestión inmobiliaria”.

Según la camisa de fuerza estatal, el gestor de compraventa de inmuebles
debe limitar su trabajo a presentar a comprador y vendedor y cobrar una
comisión por la venta. Hasta ahí.

Una vez más el raulismo bajo la concepción de “no regresar jamás al
capitalismo” busca mediante la coacción maniatar la iniciativa privada
para impedir que prospere y traspase los límites de su control.

Source: Inmobiliarias: entre cierres y restricciones | Diario de Cuba –
www.diariodecuba.com/cuba/1485293737_28400.html

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